La respuesta, hasta hace poco, parecía evidente: no.
Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial, y especialmente de la IA agéntica, obliga a replantear esa afirmación.
Mientras la Administración prepara una licitación, evalúa ofertas y adjudica un contrato, la tecnología continúa evolucionando. Cuando el proyecto comienza a ejecutarse, las capacidades disponibles pueden ser radicalmente distintas a las existentes cuando se definieron las prestaciones.
El verdadero desafío ya no consiste únicamente en adquirir tecnología. Consiste en diseñar contratos capaces de seguir generando valor en un entorno donde la innovación avanza mucho más rápido que los propios ciclos de contratación.
En mi experiencia como órgano de contratación de servicios tecnológicos me encontré en más de una ocasión con una tensión difícil de resolver: cómo preservar la flexibilidad necesaria para el éxito del proyecto sin comprometer los principios que rigen la contratación pública. Cuando determinadas exigencias reducían excesivamente el margen de adaptación durante la ejecución, intentábamos reforzar otros criterios de valoración que permitieran identificar a los licitadores con mayor capacidad técnica para gestionar la incertidumbre y aportar soluciones a lo largo de toda la vida del contrato.
Hoy, el escenario es radicalmente distinto. La IA agéntica lo está transformando todo. Tecnologías capaces de ofrecer mejores resultados, con menor esfuerzo o nuevos modelos de prestación aparecen en cuestión de semanas.
Esta reflexión obliga también a replantear cómo diseñamos las prestaciones contractuales, cómo se evalúan las ofertas y cómo los candidatos presentan y proyectan la evolución de sus soluciones tecnológicas.
No basta con valorar el estado actual de una solución tecnológica; también identificar la capacidad de evolución del proveedor y aquellas funcionalidades que previsiblemente llegarán al mercado durante la ejecución del contrato. De lo contrario, existe riesgo de que el contrato nazca parcialmente desajustado con la realidad que encontrará durante su ejecución, con las consecuencias técnicas, económicas y funcionales que ello puede generar.
Quizá el mayor reto ya no sea contratar inteligencia artificial. El verdadero reto es diseñar contratos capaces de evolucionar con ella.