Cuando una empresa recibe una resolución administrativa que restringe el uso del agua, condiciona la concesión o deniega una solicitud, normalmente la discusión llega tarde.
Las reglas que sustentan esa decisión comenzaron a construirse mucho antes, durante la elaboración del propio plan hidrológico.
Por eso, los procesos de participación pública no deberían contemplarse como un trámite ajeno al interés particular o colectivo. Son el momento en el que empresas, asociaciones y titulares de derechos pueden aportar información, explicar la realidad de su actividad y contribuir a que la planificación hidrológica incorpore la realidad de cada territorio y de las actividades que en él se desarrollan.
Esta reflexión resulta especialmente relevante para quienes tienen derechos concesionales en vigor, se encuentran inmersos en procedimientos de renovación o lo harán durante la vigencia del siguiente plan. Hay muchos sectores que afrontarán importantes desafíos durante los próximos años: agricultura, turismo, campos de golf, industria, hidrógeno verde, actividades recreativas, nuevos desarrollos urbanísticos o cualquier actividad cuyo futuro dependa, en mayor o menor medida, de la disponibilidad y gestión del agua.
La planificación hidrológica ya no consiste únicamente en distribuir recursos. También determina prioridades, condiciona inversiones e infraestructuras, identifica usos estratégicos y orienta muchas de las decisiones administrativas que se adoptarán durante el siguiente ciclo de planificación.
Esperar a que se apruebe el marco plurianual raramente es la mejor estrategia para resolver un conflicto.
En un contexto marcado por el cambio climático, los episodios de sequía y la creciente competencia entre usos del agua, permanecer al margen de estos procesos supone renunciar a una de las pocas oportunidades que ofrece nuestro ordenamiento para influir, de forma transparente y legítima, en el diseño de las reglas que afectarán a la actividad durante los próximos años.
La participación pública no garantiza el éxito. Pero sí garantiza que la experiencia, el conocimiento y la realidad de cada actividad formen parte del debate antes de que las decisiones estén tomadas. En un contexto de creciente complejidad regulatoria, participar también es una forma de anticiparse.
En GOVSTORY ayudamos a organizaciones públicas y privadas a analizar procesos de planificación, identificar riesgos regulatorios y participar estratégicamente en aquellos procedimientos que pueden condicionar el desarrollo de su actividad.